EL LEVANTAMIENTO CAMPESINO DE 1932 EN EL SALVADOR

Fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio.

Tras la llegada de los españoles a territorio salvadoreño, la situación económica y social de los nativos se caracterizó por la constante decadencia de las condiciones de vida, la cual se incrementó en los años próximos a la independencia. Tras la independencia de El Salvador, los gobiernos fueron propiciando la creación de un sistema desigual, el cual dejaba alejadas del progreso a las poblaciones nativas de los territorios del Señorío de Cuzcatlán. El Salvador, sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929, se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierras, que se agudizaron con las reformas presidenciales que despojaban a los campesinos de sus tierras ejidales para darlas a los grandes terratenientes. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, coincidiendo con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) tras perder las elecciones que posteriormente acusaron de fraudulentas.

El resultado fue una respuesta militar del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de todo aquel que se alzase contra el régimen. Algunos autores estiman una cifra cercana a los 25.000 fallecidos. Hasta la fecha, se sigue conmemorando los hechos como uno de los episodios más emblemáticos y determinantes en la historia de El Salvador, por sus secuelas políticas, económicas y ante todo, culturales.

ANTECEDENTES

El malestar social en El Salvador había crecido durante toda la década de 1920 a causa de los abusos por parte de la clase política y la amplia desigualdad entre los terratenientes y el campesinado,^{[8] [9]} producto de las políticas aplicadas sobre latifundios. Dicho malestar se vio agudizado por la tremenda baja de los precios del café y el creciente desempleo; debe tenerse en cuenta que durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX, la economía salvadoreña se sostuvo gracias al cultivo del café, de tal forma que dicha época se conoce como la "república cafetalera". En tal sentido, la caída de los precios del café significó el despido masivo de campesinos y el cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una crisis económica muy profunda.

El sector cafetalero nacional había surgido por la acumulación de riquezas por parte de un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, los cuales, aprovechando el negocio cafetalero, habían acaparado una gran cantidad de terrenos, dando empleo a campesinos, buena parte de ellos indígenas.^[13] Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el empleo brindado por los hacendados fue deformándose hasta convertirse en explotación, ya que la paga era muy poca y el trato hacia los campesinos era despótico. Para finales de 1930, la paga en las haciendas consistía en dos tortillas y dos cucharadas de frijoles salcochados al inicio y al final de la jornada.^[17] Como agravante, las fichas (monedas locales) con que se pagaba en las haciendas, solo podían ser cambiadas por productos en la tienda que pertenecía al mismo dueño que el cafetal, por lo cual existían monopolios locales que encarecían el alimento. Se calcula que la alimentación en la época para un jornalero no sobrepasaba el costo de $0.01 al día, por lo cual los beneficios de los hacendados eran bastante considerables. De hecho, para 1924, la producción total de café variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El precio por cada quintal (46 kilogramos), oscilaba entre 42.55 colones; el cálculo de costos de producción para un quintal era de 13 colones, de los cuales dos iban a las manos del trabajador, uno a las arcas del Estado, uno a los vendedores de insumos y nueve a los grandes hacendados.

El valor que el hacendado daba al trabajador era bajísimo, según lo declarado el 5 de febrero de 1932 por el encargado de la delegación estadounidense en San Salvador, W. J. McCafferty, en una carta dirigida hacia su gobierno explicando la situación salvadoreña, donde expresaba que un animal de labranza tenía más valor que un trabajador porque la demanda era alta y su valor comercial dejaba mejores dividendos. McCafferty informó, desde su punto de vista, todo lo ocurrido al gobierno estadounidense.

Por otro lado, la situación económica mundial causada por la crisis de 1929 fomentaba la falta de oportunidades en países como El Salvador, al grado de marcar los años de menor progreso en el país en la primera mitad del siglo XX. Pese a que la crisis afectaba a la población entera del país (y de casi toda Latinoamérica), en el occidente de El Salvador la crisis era más aguda puesto que las políticas de los presidentes Pío Romero Bosque y Arturo Araujo habían llevado al casi total despojo de las tierras a los campesinos locales, generando gran malestar, lo cual se unía a las acciones militares que de manera tácita amedrentaban a los campesinos para que se abstuviesen de protestar. Dicha zona estaba altamente poblada por indígenas de origen pipil. Los indígenas, sistemáticamente separados del escaso progreso económico, intentaron obtener ayuda de las autoridades reconocidas por su centenaria tradición jerárquica. Pese a que las leyes no concedían ninguna prebenda o reconocimiento oficial a los caciques, los indígenas respetaban y obedecían a su autoridad. Por otro lado, la clase política había buscado el acercamiento a los caciques para obtener el apoyo de sus gobernados en elecciones y consultas populares, por lo que tenían alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades gubernamentales.

Para paliar la crisis económica, los indígenas se habían organizado en asociaciones de cooperación, mediante las cuales se brindaba empleo a los indígenas que no lo poseían, a cambio de que estos colaborasen con las festividades católicas. Los encargados de dirigir dichas asociaciones eran los caciques, quienes representaban a los desempleados ante las autoridades y supervisaban el trabajo realizado. Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de los caciques más activos y estimados por la población indígena; había hecho gestiones de ayuda económica con el presidente Romero a cambio de la colaboración en su candidatura. Por otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto permanente entre las poblaciones indígenas y los habitantes de la zona que no pertenecían a su etnia.^[31] Evidentemente, las poblaciones de "no indígenas" estaban mejor relacionadas con las urbes gubernamentales, por lo cual, cuando ocurrían revueltas o combates, el ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les condenaba a muerte.

Otro elemento que antecedió a la rebelión campesina fue la inestabilidad política del país. Durante las elecciones de 1931, fue elegido Arturo Araujo, quien redujo los salarios en más de un 54%.Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Arturo Araujo fue derrocado y sustituido por un Directorio cívico;^[33] luego se dio la llegada al poder del General Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de lo que se conoce como "dictadura militar". La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. La pena por robar era la amputación de una mano, por ejemplo. Martínez fortaleció los cuerpos de seguridad y se mostró especialmente agresivo en materia de rebeliones, decretando la muerte para cualquiera que se levantase contra el régimen. Gozaba de una popularidad muy alta, tanto que hasta la fecha, algunas personas añoran sus medidas en materia de seguridad; muy poco se escribe de tal sentimiento popular, pero es fácilmente verificable al conversar con ancianos que vivieron su gestión. Sus más fieles defensores fueron sus empleados directos, tal es el caso del empresario Luís Escalante Arce, quien se desempeñó como ayudante en una de las secretarías de Estado durante la gestión de Hernández Martínez.

EJÉRCITO SALVADOREÑO EN 1932

El ejército estaba organizado en regimientos de infantería, artillería, ametralladoras y caballería. Las armas más utilizadas fueron los fusiles Máuser de fabricación alemana. En aquel momento el papel de la fuerza aérea no fue determinante, puesto que su participación se limitó a tareas de reconocimiento. El ejército estaba bajo las órdenes directas del presidente de la república y tenía por objetivo fundamental la defensa del Estado. Los cuerpos de seguridad eran la Policía Nacional (PN), la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Hacienda (PH), las cuales habían sido entrenadas por personal militar español.

EL LEVANTAMIENTO CAMPESINO

En las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen. Armados principalmente de machetes, atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Juayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno nacional. Los asesinatos realizados por los rebeldes campesinos fueron veinte civiles y treinta militares.

Según el testigo Alberto Shul, habitante de Nahuizalco, "habían saqueado todo el pueblo". El líder sublevado Francisco Sánchez ordenó que le entregaran todos los títulos de propiedad de la ciudad.

La primera ciudad en ser tomada fue Juayúa, donde fue asesinado el terrateniente Emilio Radaelli; además, su esposa fue violada y posteriormente asesinada. También fue ejecutado el coronel Mateo Vaquero, comandante local.

En Izalco, el saldo del levantamiento incluyó la ejecución del alcalde, Miguel Call, y del alcalde electo, Rafael Castro. En la población de Colón, fueron ejecutados Efraín Alvarenga, secretario municipal, Damasio Cruz, agente de la policía y al comandante local, coronel Domingo Carlos Campos.

Existen diversas versiones de los hechos; sin embargo, es bastante difícil asegurar que una es la correcta puesto que muy pocos fueron los supervivientes de dicha rebelión. Se dice que los indígenas atacaron propiedades privadas y realizaron delitos y acciones vandálicas sobre poblaciones enteras; ciertamente, existen testimonios que respaldan dicha tesis, pero existe la posibilidad de que oportunistas se uniesen al levantamiento campesino para realizar actos delictivos. No puede ni confirmarse ni desmentirse de manera concluyente la participación de indígenas y campesinos en el saqueo; lo único que puede asegurarse es que el motivo fundamental de los eventos fue el levantamiento contra el régimen, por tanto, cualquier acto de ataque a propiedad privada, fue un apéndice del movimiento en general, convirtiéndose en hechos aislados al objetivo de los campesinos.

Polémica acerca de aquel levantamiento se vincula a la relación entre los campesinos y el PCS. La coincidencia temporal de ambos levantamientos y la similitud de las causas de cada uno hacen pensar que estaban vinculados e incluso, coordinados. Algunas teorías afirman que el PCS utilizó la situación de pobreza de los campesinos para convencerlos de actuar en conjunto y alzarse contra el régimen; Poco o nada se conoce acerca de la relación entre ambos grupos y mucho menos acerca de negociaciones u homólogos. Autores como Eric Ching, especialista en el tema, afirman que el levantamiento campesino no pudo ser coordinado por el PCS puesto que el partido tenía demasiados problemas como para dirigir una insurrección a varios kilómetros de distancia.Se agrega, además, que pudo haber una tercera fuerza alzándose, la cual se trató de sindicatos inconformes con la política salaria en el sector formal.

De cualquier manera, el gobierno no hizo distinción entre uno y otro movimiento, por lo cual actuó de la misma forma en ambos casos.

SECUELAS DEL LEVANTAMIENTO

Tras sofocar la rebelión, el gobierno de Hernández Martínez inició un proceso de represión hacia los opositores, y se utilizó el padrón electoral para amedrentar o ajusticiar a quienes habían declarado ser oponentes al gobierno.

Clásica vestimenta de los indígenas de Izalco, ahora casi extinta en El Salvador. Se trata de Feliciano Ama antes de ser ejecutado

En la parte indígena, los acontecimientos trajeron consigo el exterminio de la mayoría de población hablante del náhuatl, lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha lengua en El Salvador. Las poblaciones indígenas abandonaron muchas de sus tradiciones y costumbres por temor a ser capturados. Muchos de los indígenas que no participaron el levantamiento manifestaban no comprender el motivo de la persecución gubernamental. La vestimenta y muchas de las costumbres indígenas se fueron reemplazando para no ser víctimas del conflicto.^{[91] [92]}

Tras los acontecimientos, Alfredo Schlesinger, simpatizante del gobierno de Hernández Martínez, escribió un libro titulado La verdad sobre el comunismo, en el cual contaba la historia según la versión oficial. Más tarde, el mismo Schlesinger escribió otro libro, titulado Revolución comunista, y que fue publicado en 1946, donde reafirmaba lo que decía en el primero. Algunas partes de los libros han sido fuertemente criticadas por encubrir los hechos, aunque también hay críticas por exagerar los acontecimientos. En general, las acusaciones apuntan a que las cifras de fallecidos son mucho menores de las reales y que se describen actos vandálicos de parte de los alzados que en realidad no sucedieron.

Con el pasar de los años, las poblaciones indígenas fueron desapareciendo hasta encontrarse en el siglo XXI en una condición de casi extinción. En la década siguiente a las consecuencias del levantamiento, la presencia militar en la zona fue persistente con el objetivo de mantener bajo control a los campesinos para que no se repitiesen los eventos. Pasada la dictadura de Hernández Martínez, el método para frenar el descontento campesino cambió, pasando de la represión a las reformas sociales que les beneficiasen al menos momentáneamente.

Fue en 1960 cuando los gobiernos militares desclasificaron documentos que sirvieron para conocer muchos detalles de los arrestos, juicios y levantamientos. Muchos años después, el gobierno de El Salvador no ha pedido perdón por los hechos ocurridos, pese a que se le ha solicitado en diversas ocasiones.